Satisfacción en la Asociación de Amigos de los Caminos
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Satisfacción en la Asociación de Amigos de los Caminos

Esta asociación considera que es “un éxito” que Javier Soto Fitz-James Stuart tenga que declarar como imputado por impedir el acceso libre a los caminos públicos de la Finca de Romanillos. Desde Amigos de los Caminos confían en que la justicia solucione la situación.

8 jul 2013

 

J.C.

Satisfacción en la Asociación de Amigos de los Caminos tras conocer que un juzgado de Majadahonda ha llamado a declarar como imputado a Javier Soto Fitz-James Stuart por impedir el acceso libre a los caminos públicos de la Finca de Romanillos. Según el presidente de esta asociación, Jaime Benavides, “ha sido un éxito que el juez haya respondido tan correctamente a la demanda que presentamos”. “Ahora esperamos que con esta intervención judicial se aclare todo”, añade.

 

Los dueños de la Finca de Romanillos colocaron en noviembre de 2011 carteles intimidatorios y un vigilante que impedía el paso a toda persona que intentaba acceder a la misma, también a los caminos públicos. En la actualidad la mayoría de esos carteles han caído en desuso y el vigilante ya no corta el paso, pero todavía queda una cadena con candado. “Los que conocen la situación acceden sin problemas, pero las personas que no están al tanto, cuando ven una cadena o un cartel de prohibición se dan media vuelta porque no quieren líos”, comenta Benavides.

 

Para Amigos de los Caminos las irregularidades no se quedan sólo en los carteles y las cadenas. En su día el Ayuntamiento de Boadilla del Monte concedió una licencia para cerrar la finca, pero respetando los caminos públicos. Los propietarios solicitaron vallar 1.800 metros porque a partir de los 2.000 es necesario realizar un estudio de impacto medioambiental, relata Benavides, pero en realidad construyeron 2.200 metros de valla. Para el presidente de Amigos de los Caminos “la situación es kafkiana, los propietarios no respetaron las normas” porque “colocaron las verja donde no era y cerraron los caminos públicos”.

 

Ahora esta asociación confía en que la justicia solucione esta situación. Lo que no sabe es cuanto puede tardar. “Los plazos es muy difícil de predecirlos. Lamentablemente la justicia suele ser lenta y luego estos señores con su equipo de asesoramiento jurídico recurren todo. Puede tardar un año, tres o cuatro. No puedo saberlo”, afirma Benavides.

 

 

 

 

 

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